La crisis sanitaria provocada por el coronavirus está afectando notablemente al sector asegurador. A los bajos resultados obtenidos durante el primer trimestre del año se le suman también las múltiples denuncias en algunos países por parte de empresas y autónomos, que exigen a las aseguradoras cubrir sus pérdidas en los meses de cese de actividad de sus negocios durante el estado de alarma.

Las denuncias ya han comenzado en países como Gran Bretaña, donde empresarios del sector restauración se han unido para emprender acciones legales comunes contra las aseguradoras.

Esta semana conocíamos que la FCA británica (Financial Conduct Authority) nombraba en los detalles de la demanda ante el Tribunal Supremo a un total de 8 aseguradoras como muestra de un caso de prueba que sentará las bases y definirá el futuro de los posibles pagos por el cese de actividad de negocios durante la pandemia.

Las 8 aseguradoras incluidas en la demanda son las siguientes:

  •  Arch Insurance (UK) Limited
  •  Argenta Syndicate Management Limited
  •  Ecclesiastical Insurance Office Plc
  •  Hiscox Insurance Company Limited
  •  MS Amlin Underwriting Limited
  •  QBE UK Limited
  •  Royal & Sun Alliance Insurance Plc
  •  Zurich Insurance Plc

 

El regulador dijo en su presentación que las aseguradoras deberían responsabilizarse de las reclamaciones por el cese de actividad comercial relacionadas con la crisis del coronavirus, y “que apoya la posición de los asegurados para probar estos puntos» con el fin de aportar claridad al mercado y determinar la política de regulación y supervisión de las aseguradoras.

Pero, según afirma también la FCA, «los asegurados no deben asumir que la simple inclusión de su póliza en este caso significará que esta responde ante sus pérdidas económicas. Lo que se pretende es ayudar a los asegurados y a las aseguradoras a tener una visión mucho más clara de cuáles son las políticas de interrupción por cese de actividad de un negocio que realmente responden a la pandemia y cuáles no”.

Según comenta el director ejecutivo del grupo RSA, Stepen Hester, «en toda la industria existen textos que no han sido redactados tan bien como deberían». Hester añade que RSA se está haciendo cargo de las reclamaciones cuando existe esta ambigüedad en la redacción de las coberturas, a menos que la aseguradora tenga un asesoramiento jurídico claro y firme de que la reclamación debe ser denegada.

El próximo mes conoceremos la decisión final de los jueces del Supremo Británico al respecto del caso.

 

 

 

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